El ridículo del Gobierno en la gestión de los detenidos del 25S pone en evidencia la fragilidad de la democracia española.


Les dejo con este excelente articulo en “Kaos en la red”

El gobierno pretende imponer a la justicia los procesos y cargos judiciales, la Audiencia Nacional se rebela, la policía tarda en saber a quién obedecer y, al final, los perjudicados, como siempre, son los ciudadanos detenidos. Un circo que demuestra el verdadero carácter del régimen capitalista.

El gobierno, autoritario e inepto, monta un circo judicial con los detenidos y deja en evidencia el carácter dictatorial del régimen capitalista. El gobierno, en su afán de querer estar por encima de todo, en su creencia de poder manejar a su antojo todos y cada uno de los resortes del estado, en su convencido autoritarismo como forma de hacer política, ha pretendido imponer a la justicia los procesos y cargos judiciales por los que deben ser procesados los detenidos el 25S antes, durante y después de la concentración frente al Congreso de los diputados. Sin embargo, ante la evidencia de los hechos y la falta de justificación jurídica que legitimaran las pretensiones judiciales del gobierno, el Juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional se ha rebelado y ha contradicho las intenciones del gobierno. La policía, que tenía órdenes precisas desde el Ministerio del Interior al respecto, tarda en saber a quién obedecer y, al final, los perjudicados, como siempre, son los ciudadanos detenidos.

¿Les parece el argumento de una película sobre una República de esas que llaman despectivamente “bananeras”, gobernada por algún dictatorzuelo fascista del tres al cuarto? Pues no, es, sencillamente, lo que ha pasado en las últimas horas en el reino bornónico, ese que dice ser una “democracia constitucional” y que, en teoría, está gobernado por un gobierno democrático que se ajusta a la ley y al estado de derecho. Nos gustaría decir que cuesta creer que cosas así pasen en la democracia española, pero, sinceramente, no nos extraña en absoluto. De hecho, estos sucesos ponen de manifiesto, una vez más, que el estado español es cualquier cosa menos una democracia.

En la mañana del pasado miércoles, la Policía anunciaba que los detenidos durante la protesta frente al Congreso de los Diputados serían acusado de delitos que son competencia de la Audiencia Nacional (AN) como son los delitos recogidos en el Código Penal contra los altos órganos de la Nación y la forma de Gobierno. En concreto, se trataría de delitos recogidos en el Título XXI del Código Penal, que hace referencia a los delitos contra la Constitución y las Instituciones. Un delito por alterar el normal funcionamiento, según el artículo 493, de la sedes de los órganos legislativos. También serían acusados, según la versión policial, por promover manifestaciones contra el órgano legislativo, recogido en el artículo 494 del Código Penal, y por intentar penetrar en las sedes de los órganos legislativos para presentar peticiones, según dispone el artículo 495 del Código Penal.

La intención de la policía, o, mejor dicho, del gobierno, era que estas causas se sumaran al procedimiento abierto por el Juez Santiago Pedraz la pasada semana, mediante el cual ocho personas han sido citadas a declarar como imputados el próximo 4 de octubre en la Audiencia Nacional por el ya mencionado delito contra Altos órganos de la nación, en aplicación del artículo 494 del Código penal. Esta causa fue abierta a petición de la Delegación del gobierno en Madrid, dirigida por Cristina Cifuentes, pese a que dicha Delegación ya tenía previamente conocimiento de que una persona a título individual había solicitado la autorización pertinente y esta había sido concedida por la propia Delegación. Será por ello, tras aceptar el juez abrir aquel procedimiento, que el Gobierno se ha creído con capacidad de ser quien imponga a todo momento a la justicia cuáles deben ser los delitos por los que los tribunales españoles deben juzgar a los detenidos. Con el SAT ya les salió bien la táctica autoritaria, y ahora volvían a la carga.

Sin embargo, una vez analizados los hechos, el Juez Pedraz se ha rebelado y ha dicho no tanto a las pretensiones del gobierno como, siguiendo órdenes de este, a las que en primera instancia tenía la propia policía que realizó las detenciones y que, como tal, era la encargada de remitir las diligencias a los juzgados pertinentes. Antes de haber recibido las diligencias, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz remitía a la Policía una providencia en la que le informaba que los delitos que se imputan a los 35 detenidos del 25S no son competencia de la Audiencia Nacional e instaba a las Fuerzas de Seguridad del Estado “que actúe en consecuencia”.

Los hechos eran tan obvios que al Juez no le quedaba otra alternativa. Tanto los supuestos recogidos en el artículo 494, como los recogidos en los artículos 493 y 495 del Código Penal, son lo que en ciencia jurídica se conocen como “delitos de resultados”, es decir, que solo pueden ser juzgados sobre la base de hechos consumados y no sobre intenciones, supuestos o cualquier otro tipo de medida de carácter preventivo. En todos los casos, para que hubiese delito, los manifestantes debería haber ocasionado alguna alteración en el normal funcionamiento de la actividad parlamentaria, algo que no ocurrió en ningún momento durante la protesta del pasado 25 de Septiembre. Si quiera hubo intención alguna de penetrar en las instalaciones del Congreso o de superar el cordón de protección establecido por la policía, más allá del intento de algunas pocas personas de tumbar algunas de las vallas situadas en la primera línea de seguridad. En ningún caso suficiente motivo como para enviar a los detenidos ante la Audiencia Nacional. Así lo ha entendido el señor Pedraz y así se lo hizo saber a la policía.

Recibida dicha providencia, a la Policía, pese a las evidentes órdenes previas del gobierno para remitir los casos al Juez Pedráz, no le ha quedado más remedio que acabar remitiendo a tal juez un atestado sobre los 34 detenidos en la protesta ante el Congreso de los Diputados que pueda servir al magistrado para incorporarlo a la causa abierta contra los ocho imputados que irán a declarar el 4 de octubre, pero sin incluir en el documento mención alguna a la comisión por parte de los arrestados de delitos contra altos organismos de la nación y, por tanto, dejándolos al margen de dicha causa, según han informado fuentes jurídicas. Los detenidos pasarán finalmente a disposición de los correspondientes Juzgados de Madrid, en un procedimiento ordinario, en el que en ningún momento se recogen acusaciones algunas relacionadas con los mencionados artículos 493, 494 y 495 del Código penal. Los detenidos serán juzgados por desórdenes públicos, resistencia a la autoridad, lesiones,  es decir, los ya habituales delitos que la policía de régimen suele imputar sobre cualquier persona que sea detenida en una manifestación, haya o no haya cometido acto delictivo alguno. Pero, entonces, ¿cuándo pasarán a disposición judicial los detenidos? He aquí el problema añadido.

Según lo indicado en la Constitución Española, en su artículo 17.2, la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Sin embrago, habían pasado ya más de 48 horas sin que los detenidos hubiesen sidos llevados ante el juez, y no porque hubiesen existido razones justificadas para ello, sino por la simple confusión de la policía, que hasta la misma mañana de este jueves no había podido saber si obedecer al gobierno y mandar a los detenidos ante la Audiencia Nacional, o seguir los procedimientos ordinarios establecidos para estos casos y enviarlos a declarar ante los correspondientes juzgados ordinarios de Madrid. Es por ello, que los abogados de una veintena de los detenidos han denunciado a la Policía porque, según han afirmado, no tienen información de donde se encuentran los arrestados y consideran “injustificado” el retraso de las diligencias. La denuncia, interpuesta este jueves en los Juzgados de Plaza de Castilla, especifica que a pesar de que la policía científica procedió a tomar filiación de los detenidos y a que todos se les ha tomado declaración con presencia letrada, los detenidos “permanecen privados de libertad sin justificación alguna”. “Las continuas declaraciones que se han formulado por parte de Interior y Delegación de Gobierno en relación a posibles imputaciones de delitos contra las instituciones del Estado son las que parecen haber generado el marco de indeterminación sobre la competencia jurisdiccional a la hora de tomar declaración a las personas detenidas“, indican los letrados. Como siempre, las consecuencias de los problemas derivados de la mala gestión del gobierno, los acaba pagando la ciudadanía, en este caso, los detenidos, que llevan más de dos días detenidos en los calabozos de la policía sin que exista razón alguna para ello. En la tarde de este jueves los detenidos, al fin, comenzaron a ser llevados ante el Juez. El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid sería el encargado de tomar declaración a los 35 detenidos. Este órgano judicial comenzó a tomar declaraciones a las 17 horas y a eso de las 22:00 se informó de que 34 de los 35 habían sido puestos en libertad con cargas, y el otro detenido quedando en situación de prisión provisional, eludible bajo fianza de 1.000 euros.

La Policía, por supuesto, pese a haber quedado demostrada su absoluta obediencia al Gobierno y su función como órgano represor que no está para hacer cumplir las leyes sino para servir de punta de lanza de las estrategias represivas diseñadas por el gobierno de turno, tanto por sus declaraciones de ayer en las que hicieron público el supuesto procedimiento contra los detenidos que debía conducirlos ante la Audiencia Nacional antes de que este hecho fuese aprobado por la propia Audiencia Nacional, como por su incapacidad para gestionar de manera adecuada los plazos establecidos para la presentación de los detenidos ante el juez correspondiente, no quiere que se le responsabilice de nada de lo ocurrido y acusa a su vez al gobierno, en concreto al Ministro del Interior de ser el único responsable. Después de obedecer las órdenes autoritarias del gobierno, pretenden lavarse las manos, como si todo esto no fuese con ellos ni tuviesen culpa alguna.

Los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, han cargado por ello este jueves contra el Ministerio del Interior al que culpan de la confusión creada en torno a los delitos de los que se acusa a los detenidos en el 25-S. Desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) censuran al Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz por haber buscado el delito a imputar antes que la prueba, mientras que desde la Confederación Española de la Policía (CEP) lamentan lo que ven como un nuevo caso de aceleración verbal por parte del Ministerio. “El proceso de Interior ha sido ir al Código Penal, ha buscado un delito que les viniera bien y eso no encaja. Para acusar de un delito tan grave como un delito contra los altos organismos de la Nación tienes que tener pruebas suficientes “, dice la SUP. “Una vez más Interior peca de no haber mantenido un prudente silencio o haberse remitido a los profesionales de la policía que son los que tienen que determinar el alcance de las acusaciones. Es una falta de respeto hacia la Policía y la ciudadanía anunciar por anticipado una posible imputación y que después no se haga”, añade la CEP. Todo ello, claro, después de que el Juez Pedraz les haya enmendado la plana, pues en ningún momento se escuchó durante el día de ayer a estos o cualquiera de los otros sindicatos policiales cuestionar lo que era una evidencia: que era el gobierno el que, sin respetar la separación de poderes ni el normal funcionamiento de la justicia, estaba imponiendo los delitos por los que los detenidos debían ser juzgados, contando en todo momento con la obediencia y complicidad de la policía, la cual, es obvio, estaba totalmente dispuesta a remitir las diligencias a la Audiencia Nacional.

Así es, ni más ni menos, la España de nuestros días. Un estado donde es el gobierno el que ordena a la justicia como debe actuar y el que abre procedimientos a su antojo contra aquellos ciudadanos que osan desafiar las políticas de recortes impulsadas por este o protestar contra la gran estafa, el robo y el saqueo constante al que están siendo sometidos los ciudadanos. Ya se pudo comprobar, en agosto, como fue el Gobierno, tanto a través del Ministerio de Interior como del Ministerio de Justicia, quien actuó de manera similar a lo que ahora estamos viendo, ordenando la detención y el procesamiento de los militantes del SAT que participaron en la acción del Mercadona de Écija, antes incluso de que Mercadona hubiese puesto denuncia sobre los hechos. El Ministerio del Interior llegó incluso a hacer el ridículo, como ahora, cuando trató de que un juzgado de Écija llamara a declarar al Diputado de la CUT en el Parlamento andaluz Juan Manuel Sánchez Gordillo, pese a que dicho Juzgado no tenía competencias para ello, ya que la condición de aforado de Gordillo obliga a que sea el TSJA el único capacitado para llamar a declarar al diputado. Ahora, una vez más, volvemos a ver al Gobierno tratando se saltarse los normales procedimientos de la Justicia y acabando por hacer el más absoluto de los ridículos.

Lo que, por otro lado, no es de extrañar, ya que no solo pretenden controlar la justicia, sino que tienen una policía que actúa en todo momento a la orden del dictado político y sin cuestionarse en ningún caso si son correctas o no, si atentan o no contra los derechos de los ciudadanos, las órdenes que reciben del gobierno. Lo propio, vaya, de cualquier sistema dictatorial que se tercie. La dictadura capitalista española, no es la excepción.

Pedro Antonio Honrubia Hurtado, para Kaosenlared.

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